Ana Isabel Otero y su marido, Óscar Alonso, son profesores universitarios de Economía Cuantitativa en las Universidades de Oviedo y Santander, respectivamente, así como agentes de desarrollo local (ella) y rural (él). Ambos decidieron hace ya trece años vivir en Villanueva de Pría, donde la familia de Óscar tenía un negocio hostelero y donde ellos dos han ejercido y ejercen de ganaderos y criadores de caballos, así como otras labores agrícolas. Ambos suponen una forma innovadora de ver el campo, como un entorno residencial para profesionales liberales, sí, pero también con una relación directa con la tierra y con su entorno como medios de producción complementarios. Ambos defienden, además, que vivir en el campo ofrece a los profesionales liberales muchas ventajas, en tanto en cuanto las comunicaciones viarias estén aseguradas (Villanueva de Pría tiene la autopista a menos de dos kilómetros) y las telecomunicaciones se puedan utilizar con dignidad y una velocidad de descarga y de subida que no tenga diferencias esenciales respecto a la de zonas urbanas.
Además, los dos son autores de varios estudios sobre el desarrollo económico y social de los entornos rurales, en los que compaginan sus conocimientos académicos con la práctica del día a día en sus propias fincas, su conocimiento de las ventajas y hándicaps que sufren los emprendedores en zona rural, y la experiencia de las explotaciones agroganaderas de su entorno.
 
ANA ISABEL OTERO SÁNCHEZ
 

En caso de duda, a favor de la acción. Además de un principio básico del derecho administrativo, podría (y debería) ser la cabecera de todo plan de desarrollo económico de ámbito territorial local que aspire a tener un rendimiento mínimo en términos cuantitativos. No me canso de escuchar quejas ciudadanas hacia la administración por la falta de sentido común en la aplicación de las normas. Tampoco me canso de escuchar las buenas intenciones de quienes se ocupan de la gestión de lo público a la hora de planificar estrategias de desarrollo, que suelen considerar imprescindible la reducción de las pesadas y excesivas rigideces de muchas tramitaciones administrativas, muchas veces redundantes, incluso incomprensibles. En este caso parece haber consenso, pero el “rodillo administrativo” sigue creciendo. 

Una de las demandas más repetidas por parte de los agentes socioeconómicos, públicos y privados, de las zonas rurales, especialmente las más asediadas por datos demográficos negativos, es precisamente la adaptación de la normativa legal a las necesidades y la realidad local, muchas veces obviadas simplemente por la comodidad de trasladar las normas propias de entornos, actividades y sectores urbanos o industriales, totalmente ajenas a la dimensión y escala requeridas fuera del lugar apropiado para ellas.

Acertado parece adecuar la normativa a las necesidades del bien común, y se escucha desde distintos ámbitos políticos la clara intención de legislar en este aspecto para luchar contra la despoblación. Por mi parte, y compartiendo la premisa, consideraría prioritario e imprescindible dar un primer paso que se fundamente en la obligación previa e inexcusable de una buena aplicación e interpretación de la normativa actual, y de la que venga, para obtener los resultados perseguidos. Empezando por el principio que da título a este artículo.

Interpretaciones literales contrarias al principio de la norma, falta de comprensión y diligencia que suponen miedos y dudas, o la típica estrategia de pedir un informe improcedente que retrase aún más lo ya de por sí retrasado, son cuestiones que siempre han existido y existirán, pero la tasa actual de prevalencia es insostenible, además, generalmente, con el visto bueno de la “justicia”. Por mucho que cambiemos y regulemos a favor del medio rural, algo que hace mucha falta, de poco servirá si quienes interpretan y aplican las normas no lo hacen con el criterio adecuado y con la vocación de servicio público hacia la ciudadanía que se les exige y se les presupone. 

Tratar a los ciudadanos como delincuentes o defraudadores cada vez que se acercan a realizar un trámite administrativo, en el que se ven obligados a demostrar sus buenas intenciones además de tener que convencer a los funcionarios responsables de las mismas, no es propio de un sistema democrático avanzado y eficiente. Y probablemente esto no tenga nada que ver con la calidad humana de quienes forman parte de dicho entramado burocrático, pero si con la calidad profesional de muchos de sus miembros, lo que nos debería llevar a plantearnos si el sistema actual de valoración de méritos para acceder a esas plazas, que en su mayor parte consiste en empollar y cantar temas de forma repetitiva, es la más adecuada para seleccionar a los más preparados, o si simplemente filtra a los que tienen más capacidad de “sacrificio”, algo que evidentemente no tiene porqué ir necesariamente asociado (más bien al contrario) al talento, la inteligencia, la diligencia o el nivel intelectual en su conjunto.

Es evidente que el aprovechamiento de los previsiblemente más escasos fondos europeos, en un futuro próximo, debe tener en cuenta nuevas propuestas que surjan del estudio y análisis previo de los errores del pasado y el refuerzo de los aciertos. Si seguimos regulando de más, y encima nos inventamos nuevas interpretaciones normativas que aún lo empeoran, nos alejamos del principio de simplicidad en los modelos que postula la ciencia económica y que entiendo extensible a los planes de desarrollo económico territorial. Entiéndase que simple en este caso es sinónimo de manejable, claro y concreto (y no de pobre) para poder conseguir los resultados que se merece la sociedad y como parte de la misma, el mundo rural.

Ana Isabel Otero Sánchez. Doctora por la Universidad de Málaga, profesora asociada de la Universidad de Oviedo (Departamento de Economía Cuantitativa) y Agente de Desarrollo Local en los Ayuntamientos de Parres y Piloña