Iniciativas. La UE impulsa programas, que se aplican en la región, para modernizar el medio rural, atraer a jóvenes y diversificar la economía
SORAYA PÉREZ
Mantener vivos los pueblos se ha convertido en una de las grandes prioridades de la Unión Europea y de Asturias. Frente al envejecimiento de la población, la pérdida de habitantes y la falta de relevo generacional, Bruselas lleva años desarrollando estrategias que van mucho más allá de las ayudas a la agricultura. El objetivo es que el medio rural sea un lugar donde trabajar, emprender y vivir con las mismas oportunidades que en las ciudades.
Una de las principales iniciativas es la ‘Visión a Largo Plazo para las Zonas Rurales’, un plan que marca el camino hasta 2040 y que busca construir territorios rurales más fuertes, conectados, resilientes y prósperos. Esta iniciativa en Asturias se articula a través del Pacto por el Medio Rural, una hoja de ruta estratégica hasta el año 2030, que cuenta con más de 120 medidas orientadas a fijar población, impulsar la digitalización y proteger el sector. La Comisión Europea pretende que las zonas rurales sean más atractivas para vivir y trabajar, pero también que estén más preparadas para afrontar retos como el envejecimiento, el cambio climático o la transformación digital. La estrategia apuesta por mejorar el acceso a la sanidad, la educación, la movilidad, la vivienda y la conectividad, aspectos que considera esenciales para frenar la pérdida de población.
Así, el Pacto por el Medio Rural de Asturias sigue los pasos de la ‘Visión a Largo Plazo para las Zonas Rurales’ y también del Pacto Rural Europeo, una red que reúne a administraciones, empresas, asociaciones, universidades y ciudadanos para compartir experiencias y poner en marcha proyectos que respondan a las necesidades de cada territorio. En definitiva, se trata de un espacio de cooperación donde las distintas regiones europeas intercambian ideas y ejemplos de éxito para que puedan adaptarse a otros lugares.
Pueblos inteligentes
Otro de los pilares de la política comunitaria son los ‘Smart Villages’ o pueblos inteligentes. La Comisión Europea impulsa esta iniciativa para ayudar a los municipios rurales a aprovechar las nuevas tecnologías y la innovación con el fin de mejorar servicios como la movilidad, la atención sanitaria, la administración electrónica, la energía o el comercio de proximidad. También promueve herramientas digitales para facilitar el teletrabajo, mejorar la comunicación con las administraciones y ofrecer nuevos servicios a la población. En 2023 esta idea fue puesta en marcha en Asturias, por primera vez, en Yernes y Tameza, por ser el concejo más pequeño de la comunidad, con 130 habitantes en poco más de 31 kilómetros de superficie. La idea era llevar este concepto europeo a la zona rural asturiana y a un concejo entero, no sólo a un nucleo rural.
La diversificación de la economía rural ocupa también un lugar destacado. La Comisión considera que el futuro de los pueblos no puede depender únicamente de la agricultura y la ganadería. Por ello, promueve inversiones que favorezcan la creación de pequeñas empresas, el turismo sostenible, la bioeconomía, la transformación agroalimentaria, la economía social o los nuevos servicios ligados a la digitalización. El objetivo es generar empleo estable durante todo el año y ofrecer alternativas laborales para que los jóvenes no tengan que abandonar su municipio para desarrollar su carrera profesional.
En este proceso desempeña un papel importante el programa LEADER, una de las iniciativas europeas más veteranas para el desarrollo rural. A través de los grupos de acción local, son los propios territorios quienes deciden qué proyectos necesitan y cómo invertir los fondos europeos. Este modelo permite adaptar las inversiones a la realidad de cada comarca, apoyando desde pequeñas empresas y alojamientos rurales hasta la recuperación del patrimonio, la creación de espacios culturales, la mejora de servicios o el impulso de iniciativas emprendedoras. La filosofía de LEADER es que el desarrollo rural sea impulsado desde el propio territorio y con la participación directa de sus habitantes. Asturias es la región de Europa que dedica un mayor porcentaje de sus fondos FEADER (Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural) a las ayudas LEADER de desarrollo rural, destinando el 25% de su presupuesto a este programa. Esta cifra supera con creces el umbral del 5% recomendado por la Unión Europea y triplica la media nacional, situada en torno al 8%.
La agricultura sigue siendo otro de los ejes fundamentales de esta política. La Política Agraria Común (PAC) mantiene líneas de apoyo para mejorar la rentabilidad de las explotaciones, facilitar la incorporación de jóvenes agricultores, impulsar la innovación y fomentar una producción más sostenible. Entre 2023 y 2027 dispone de un presupuesto de 307.000 millones de euros y prevé respaldar a cientos de miles de nuevos profesionales del campo para favorecer el relevo generacional.
La Comisión Europea también trabaja para extender la conectividad digital y mejorar el acceso a la financiación mediante préstamos, microcréditos y otros instrumentos destinados a agricultores, emprendedores y pequeñas empresas rurales. El propósito es facilitar nuevas inversiones y reducir las dificultades que encuentran muchos proyectos para salir adelante, especialmente en zonas con menor actividad económica.
Con todas estas iniciativas, Bruselas, de la mano con Asturias, demuestran que su apuesta pasa por crear pueblos con mejores comunicaciones, más servicios y mayor acceso a la tecnología.
PRINCIPALES INICIATIVAS
– Derecho a permanecer. Un plan para garantizar que las personas puedan desarrollar su proyecto de vida donde nacieron.
– Pacto rural europeo. Una red para poner en marcha proyectos que respondan a las necesidades de cada territorio.
– Smart Villages. Para ayudar a los municipios rurales a aprovechar las nuevas tecnologías y la innovación.
– Programa Leader. A través de grupos de acción local, son los propios territorios quienes deciden qué proyectos necesitan.
– Visión para el 2040. Un plan que marca el camino hasta 2040 y que busca construir territorios rurales más fuertes.
La Comisión Europea impulsa la iniciativa ‘derecho a permanecer’
La nueva estrategia busca garantizar oportunidades, servicios y empleo para que vivir en los pueblos sea una elección
La Comisión Europea ha puesto en marcha en mayo de este año una nueva estrategia para hacer frente a la despoblación que afecta a numerosas zonas rurales del continente. Bajo el concepto de ‘derecho a permanecer’, la iniciativa pretende garantizar que las personas puedan desarrollar su proyecto de vida en el lugar donde han nacido o donde desean vivir, sin verse obligadas a marcharse por la falta de oportunidades, empleo o servicios. En Asturias, esta directriz comunitaria se articula a través de varios frentes políticos y sociales, adaptados a la realidad de la región, pero especialmente para luchar contra la despoblación.
Con esta propuesta, Bruselas quiere responder a una realidad que se repite en muchas regiones europeas. La salida continuada de población joven hacia las ciudades está provocando un progresivo envejecimiento del medio rural y dificulta el relevo generacional en sectores fundamentales como la agricultura y la ganadería.
La Comisión considera que quedarse en un pueblo debe ser una opción real y no una decisión condicionada por la falta de empleo, vivienda o infraestructuras. Por ello, la estrategia plantea mejorar las condiciones de vida en estos territorios mediante inversiones que permitan crear más oportunidades para quienes desean seguir viviendo en ellos. Entre los principales problemas que identifica la institución europea figuran la escasez de empleo diversificado, las dificultades para acceder a servicios esenciales como la sanidad y la educación, la falta de vivienda, las carencias en transporte y conectividad digital y el acceso limitado a la formación. Todos estos factores, señala la Comisión, favorecen que muchas personas jóvenes abandonen el campo.
Impulsar el desarrollo
Para revertir esta situación, la estrategia apuesta por utilizar la política de cohesión de la Unión Europea como una de las principales herramientas para reducir las diferencias entre territorios. Las inversiones estarán dirigidas a impulsar el desarrollo económico local, mejorar los servicios públicos, reforzar la conectividad, facilitar el acceso a la vivienda y promover la formación.
Como parte de la elaboración de esta estrategia, la Comisión Europea ha abierto una consulta pública con el objetivo de recoger propuestas de administraciones, organizaciones y ciudadanía. Esta iniciativa se complementa con las medidas incluidas en el Plan Estratégico de la Política Agraria Común (PAC) 2023-2027 en España.